Diálogo con el Estado y el fortalecimiento territorial de los PUINAMUDT

3.1. Contexto y Desafíos

• La plataforma de los Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de sus Territorios (PUINAMUDT) está conformada por cuatro federaciones que juntas representan un total de 98 comunidades indígenas de la región de Loreto, ubicada al norte de la Amazonía peruana, en un área de aproximadamente 694.695 hectáreas. Estas comunidades pertenecientes a los pueblos indígenas Quechua del Pastaza, Achuar del Corrientes, Kukama del Marañón, Kichwa del Tigre, y Urarina del río Chambira, que viven entre las cuatro cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón. 
• Durante 50 años, dichas comunidades sufren violaciones de derechos fundamentales, incluidos daños a su salud y contaminación de sus fuentes de agua y alimentos, como resultado de las actividades de extracción de petróleo en sus territorios: en los sitios denominados Lote 8 y Lote 192 (anterior Lote 1AB), los cuales se superponen a los territorios ancestrales de estas comunidades indígenas. 
• En el caso del Lote 8, la empresa nacional Petroperú operó el Lote 8 entre los años 1971 y 1996, y luego, la empresa argentina Pluspetrol Norte S.A., una subsidiaria de Pluspetrol Resources que tiene su sede en los Países Bajos, operó el mismo Lote desde 1996 hasta actualmente, bajo contrato de concesión. En 2021, Pluspetrol anunció su liquidación como empresa antes de que concluya su contrato de concesión. Por su lado, el Lote 192 fue operado por la empresa estadounidense Occidental Petroleum Company (OXY) entre los años 1971 y 2000, y luego por Pluspetrol Norte desde 2001 hasta 2015 bajo contratos de concesión. Del año 2015 a febrero de 2021, la firma canadense Frontera Energy operó el Lote 192 bajo la modalidad de un contrato de servicios.

“Nosotros no somos pobres, sino que nos han empobrecido,
nos quitaron nuestro territorio” 

Alfonso López, presidente de la organización indígena cocama ACODECOSPAT

• El Lote 192 representa la zona de mayor producción de petróleo del Perú, con una producción promedio diaria de 10.000 barriles de petróleo por día (17% de la producción de petróleo en Perú).  Su producción normalmente es ofrecida en licitaciones internacionales, vendiéndose al mejor postor en el mercado internacional, habiéndose registrado ventas principalmente a la Refinería La Pampilla – Perú, Chile, Estados Unidos y Corea del Sur, según Perupetro. Por su lado, el Lote 8, es uno de los que tiene más reservas de petróleo en el país. Ambos lotes, son los más antiguos en la selva peruana.

• Las 98 comunidades afectadas por las operaciones en los Lotes 8 y 192 y por el Oleoducto NorPeruano (ONP) son representadas por cuatro federaciones: Federación Indígena Quechua del Pastaza (FEDIQUEP); la Federación de Comunidades Nativas de la Cuenca Corrientes (FECONACOR); la Asociación Cocama para el Desarrollo y Conservación de San Pablo de Tipishca (ACODECOSPAT); y la Organización del Pueblo Indígena Kichwa Amazónico de la Frontera Perú-Ecuador (OPIKAFPE). Desde 2011, estas federaciones se articulan a través de la plataforma PUINAMUDT. En el año 2017, las cuatro federaciones recibieron el Premio Nacional de Derechos Humanos en Perú, en reconocimiento a los años de lucha en la defensa de los derechos de las nacionalidades indígenas afectadas por casi medio siglo de explotación petrolera.
• En la zona las principales formas de contaminación derivadas de las actividades de extracción de petróleo han sido: vertimiento de aguas tóxicas de producción altamente contaminadas (con alta concentración de metales pesados, sales tóxicas e hidrocarburos) en las principales fuentes de agua y ríos de los territorios; constantes derrames de petróleo, malas prácticas de remediación (como la quema o la remoción de tierras en sitios contaminados) así como los botaderos de las empresas. Esto se ha generado por décadas a causa de la inexistente fiscalización ambiental, la escasa protección de derechos, la falta de mantenimiento o cambio de infraestructura de las operaciones que atraviesan los territorios indígenas (con lo cual se generan derrames); la ausencia de medidas de compensación y remediación ambiental efectivas. A esto también se debe agregar el débil, insuficiente y disperso marco normativo en el Perú que no asegura protección ambiental ni garantiza derechos frente a los impactos de las empresas extractivas.
• En el marco de un proceso de negociación con el gobierno, para obtener respuesta a las violaciones de derechos causadas sobre el pueblo achuar, en 2006, se generó el primer compromiso formal del Estado, de la empresa operadora (al momento Pluspetrol, para los dos lotes), ante las comunidades, a través de la firma del Acta de Dorissa. Esta acta, entre otras medidas, estableció que Pluspetrol debería entregar en 10 años, 40 millones de soles para mejorar la salud de la población de la zona donde extraen petróleo, mientras el gobierno regional debería  entregar 11 millones de soles para diversos proyectos de desarrollo. Los compromisos no fueron cumplidos plenamente. En el Acta de Dorissa, el pueblo achuar aseguró el compromiso de iniciar e implementar su propio programa de  Vigilancia Ambiental Indígena Independiente; experiencia que también se inició en otras cuencas.
• En 2015, tras varios años de exigencia y movilización indígena, el Estado peruano realizó un proceso de consulta previa para la concesión del Lote 192 para los próximos 40 años. El proceso concluyó atropellando el propio derecho a Consulta Previa de los pueblos, ya que el Ministerio de Energía y Minas impuso un único punto de agenda, cerrando la posibilidad de diálogo sobre otros asuntos de seguridad socioambiental y de derechos: Aceptar solo el 0,75% de los recursos generados por la producción petrolera para alimentar un Fondo Social que sería destinado a proyectos de las comunidades. Como la mayoría de comunidades no estaban de acuerdo con tal condicionamiento, imposición y abuso, de manera sorpresiva el Ministerio de Minas y Energía decidió dar por finalizado el proceso y cerrar su acuerdo con una minoría de comunidades. Tras estos hechos, luego de 15 días de movilización indígena y paralización de la producción petrolera, el Estado llegó a acuerdos con las comunidades para asegurar mejores condiciones para la atención de la problemática en sus territorios.

• Luego de una larga lucha (que conllevan movilizaciones de comunidades en 2017, 2018 y 2019) que se presenta de manera resumida en ese Estudio de Caso, se garantiza un nuevo proceso de Consulta Previa para el próximo contrato de concesión del Lote 192. Este nuevo proceso se retomó en 2019 con un nuevo Plan de Consulta Previa, sin embargo, dicho proceso fue unilateralmente interrumpido por el Ministerio de Energía y Minas. A fines del 2020, en base a las demandas presentadas en conjunto por las federaciones que congregan PUINAMUDT, se logró hacer una adenda al Plan de Consulta, incorporando la participación de otros sectores gubernamentales (como salud; vivienda, construcción y saneamiento; y de transportes y comunicaciones), para garantizar respuestas desde una perspectiva integral en un proceso de Consulta Previa que se retoma en 2021. Además, es importante mencionar que, para el nuevo proceso, existen compromisos formales por parte del Estado con respecto a las comunidades, como la del Viceministro de Hidrocarburos, Victor Murillo Huamán, de que no se avance en las nuevas operaciones del Lote 192 hasta que se complete una Consulta Previa satisfactoria para todas las partes involucradas. Sin embargo, tras el brote de la denominada “segunda ola” del COVID-19 en Perú, el proceso fue nuevamente suspendido.
• Si bien la operación del lote 192 estuvo paralizada ante la pandemia de COVID-19, los derrames de petróleo continuaron ocurriendo ya que, se estima, la empresa no realizó el mantenimiento adecuado de las instalaciones: hubo 14 derrames de petróleo entre marzo de 2020 a enero de 2021.
• En 16 de diciembre 2020, Pluspetrol Norte anunció públicamente su liquidación, y con ello su retirada del Lote 8, bajo alegación de que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) le exige remediar pasivos ambientales dejados por la empresa que operó en la misma zona con anterioridad a la llegada de Pluspetrol Norte. En 30 de diciembre de 2020, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Energía y Minas y el OEFA comunicaron que, en respecto al marco legal de Perú, corresponde a Pluspetrol Norte S.A asumir los derechos y obligaciones del cedente en razón a la posición asumida por Pluspetrol en los contratos de concesión para operación de los Lotes 192 y 8, en los cuales Pluspetrol habría asumido la obligación de acatar las disposiciones vinculantes. A la fecha, el OEFA ha determinado que Pluspetrol Norte es responsable de más de 1500 impactos identificados en el área de estos Lotes y, por no haber cumplido con las respectivas remediaciones, el OEFA ha impuesto más de 4000 UIT de multas coercitivas (que equivalen a más de 4.8 millones de dólares), además de sanciones respectivas. Pluspetrol abandonaría el Lote 8 con una serie de compromisos pendientes con las comunidades indígenas de la zona.

3.2. Estrategias: factores clave para superar los desafíos

• Unión, organización y estructura de incidencia articulada: Las federaciones que representan a las comunidades indígenas de la región de las Cuatro Cuencas fueron creadas a partir de la década de 1990, con el objetivo de movilizarse para exigir respuestas a las violaciones a sus derechos y la contaminación ambiental que sufren en sus territorios y sus efectos sobre la salud de las comunidades. A pesar de pertenecer a distintos pueblos indígenas y cuencas, estas comunidades y sus federaciones, afectadas por los mismos impactos y por los mismos actores (empresas petroleras y el Estado peruano), decidieron unirse en una única Plataforma que desarrolle una agenda común, y coordinar estrategias y acciones conjuntas, de esta forma se crea la plataforma PUINAMUDT en 2011.

«El gobierno tiene voluntad de diálogo pero no sabemos sus mentes, sus corazones, en qué están pensando si recién nos escuchan». 

Aurelio Chino, presidente de la Federación Indígena Quechua del Pastaza (FEDIQUEP)

• Identificación de limitaciones y diagnóstico inicial de la situación: Al estar ubicada en una región fronteriza sin una fuerte presencia institucional del Estado, las exigencias y demandas de las comunidades y organizaciones fueron en un principio dirigidas sólo a la empresa responsable de las actividades extractivas, por aquellos daños que eran más evidentes. Sin embargo, ante la inercia de la empresa, la agudización de los conflictos y la compresión de la magnitud del problema, las comunidades y sus federaciones se dieron cuenta de la necesidad de impulsar acciones de influencia política dirigidas al Estado, además de las demandas dirigidas a PlusPetrol. Al inicio del proceso de diálogo con el Estado peruano, los representantes de PUINAMUDT constataron que, entre otros aspectos, el Estado no tenía información completa, detallada, organizada, integral, sobre la situación real en los territorios, en muchos casos porque su principal fuente de información sobre la situación ambiental eran las mismas empresas petroleras, así como supervisiones de las autoridades del sector muy favorables a las empresas.. Además de las limitaciones técnicas, el Estado también estaba sujeto al alto poder de influencia que ejerce la empresa. En este escenario de escasa información, falta de transparencia y carencia de registro in situ de la gran magnitud de los impactos, las federaciones lograron presionar al Estado para abrir, en 2012, un espacio de diálogo multisectorial, con el objetivo de lograr una respuestas y acciones integrales ante la situación. Tal como señalaron algunos dirigentes, las comunidades le enseñarían al Estado cómo hacer su trabajo.

• Movilizaciones y negociación con el Estado: Luego de múltiples y constantes protestas, en 2012, en el marco de la movilización pacífica en la comunidad Alianza Topal, con la presencia del Ministro de Salud y del ministro del Ambiente, del presidente del Gobierno Regional de Loreto, de la Defensoría del Pueblo, y de los apus de las comunidades, se oficializó la creación de una Comisión Multisectorial que sigue operativa a la fecha, que ha servido para institucionalizar el diálogo y articular la agenda entre distintos sectores.  El espacio sirvió además para que se puedan ofrecer una  perspectiva integral a las respuestas y problemas enfrentados por las comunidades, reconociéndolos como problemas ambientales y sociales e involucrando autoridades de alto nivel de distintos frentes del sector público. Un logro importante de este proceso de diálogo institucional entre Estado y federaciones  es el Acta de Lima, firmada el 10 de marzo del 2015, donde se aseguran la elaboración de varios diagnósticos, estudios y planes realizados por los órganos técnicos estatales. Sin embargo, luego de más de cinco años de firmada del Acta, el Acta tiene una implementación del 35%, de acuerdo a las federaciones indígenas de PUINAMUDT. Aún así, el Acta ha permitido importantes hitos y avances en el proceso: 
  • Declaraciones de Emergencia y Emergencia Sanitaria (publicadas entre 2013 y 2014)
  • Estudio Toxicológico y Epidemiológico “Niveles y Factores de Riesgo de Exposición a Metales pesados e Hidrocarburos en los Habitantes de las Comunidades de las Cuencas de los Río Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón del Departamento de Loreto” 2016-2018 (publicado en 2019) 
  • Análisis de Situación de Salud de los Pueblos Indígenas de la Amazonía viviendo en el ámbito de las Cuatro Cuencas y Río Chambira (publicado en 2020)
  • Modelo de Atención de Salud Integral e Intercultural de las Cuencas de los Ríos Pastaza, Corrientes, Tigre, Marañón y Chambira en la Región Loreto 2017-2021 aprobado por RM 594-2017- MINSA
  • Instalación de Plantas Potabilizadoras de Agua en 65 comunidades correspondientes a las cuatro cuencas; así como 65 proyectos de Agua y Saneamiento Intradomiciliario en 80 comunidades, que están en procesos de implementación.
  • Acuerdos de Titulación de 100 comunidades indígenas, cumplido aún parcialmente con  aproximadamente 30 comunidades tituladas.
  • Fondo de Contingencia para Remediación Ambiental para las Cuatro Cuencas, que cuenta con participación indígena mediante una  Junta de Administración, que a la fecha suma más de 200 millones de soles (aproximadamente 48 millones de dólares). Mediante este fondo, en 2021 iniciarán procesos de remediación ambiental en el Lote 1AB (hoy Lote 192) bajo responsabilidad del Estado peruano, en los cuales han participado las federaciones indígenas.
• Además, mediante  actas se formalizaron compromisos estatales que representan respuestas y acciones a problemas específicos, reconociendo la violación de derechos sociales, sobretodo en los ámbitos ambiental, salud, y otros. Asimismo, en respuesta a la demanda de participación activa en los procesos de planificación, seguimiento, vigilancia de los compromisos asumidos y fiscalización de la ejecución de los recursos que serían destinados a las acciones de respuesta a las violaciones..  Asimismo, otros hitos alcanzados son de corte normativo, dado que la experiencia del Estado con PUINAMUDT permitió elevar algunos de los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) de suelos, a nivel nacional, así como impactar en la creación de leyes, como el Fondo de Contingencia para Remediación Ambiental (Ley N 30321), entre otros.

“Nosotros estamos acá en esta lucha primero para enseñar a la empresa, porque si no le dices lo que te ha dañado, ella hace lo que le da la gana. Y así también va a aprender el Estado que le dio permiso a una empresa irresponsable, y que eso ya no más vamos a permitir”

Julio Maynas, apu de la comunidad nativa Achuar de Nueva Jerusalén

• Rol de los monitores ambientales de las federaciones en la recolección de datos e información veraz sobre la situación: Desde 2006, frente a la inercia de las empresas y del Estado en proveer información sobre los niveles de contaminación, los monitores territoriales de las comunidades en el ámbito del Lote 1AB y 8 han sido los principales responsables de recopilar datos,ofrecer informaciones y hacer denuncias ambientales con respecto a la derrames de petróleo y contaminación en las áreas petroleras, en un trabajo que consiste en la vigilancia y control del territorio indígena desde una mirada integral. Partiendo de sus pormenorizados conocimientos territoriales, y mediante el apoyo de instituciones especializadas internacionales que les capacitan y realizan acompañamiento, los monitores indígenas realizan su trabajo, equipados con GPS, smartphones y drones para filmar, fotografiar y localizar los sitios contaminados. Las informaciones recopiladas por los monitores indígenas son enviadas a sus respectivas federaciones, las cuales, en conjunto a través de PUINAMUDT, alertan a las autoridades nacionales y demandan a los organismos competentes las remediaciones adecuadas. Es importante resaltar que, en los últimos años, se ha incrementado la participación de las mujeres en las actividades de monitoreo territorial, además de tener un rol creciente como autoridades comunales (como apu y tenientes) y, sobretodo, como voceras de las federaciones que congregan PUINAMUDT. Los datos recopilados en acciones de monitoreo son importante base no solamente para respaldar campañas de incidencia, sino también para la promoción de investigaciones por parte de autoridades gubernamentales. Por ejemplo, gracias a la labor de monitores ambientales de ACODECOSPAT en la cuenca del Marañón, un juzgado ambiental pudo ingresar al Lote 8, en la Reserva Nacional Pacaya Samiria, a hacer una inspección ambiental que derivó en una multa de 29 millones de soles a la empresa Pluspetrol en 2013. Los monitores ambientales de los programas de monitoreo ambiental indígena independiente han podido registrar hasta 1209 sitios y 51 cuerpos de agua contaminados en el Lote 1AB (hoy Lote 192).  Un estudio de la Dirección Regional de Salud de Loreto (2009) encontró la presencia de hidrocarburos en las aguas de la Cuenca Corrientes a tasas 10 veces superiores a las permitidas internacionalmente. El trabajo y aporte de los monitores ambientales indígenas es reconocido por instituciones, como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), entre otros. En 2018 los programas de monitoreo ambiental indígena de FEDIQUEP, FECONACOR y OPIKAFPE ganaron el premio “Conectarse para Crecer” de Fundación Telefónica.
• Participación de las federaciones en diagnósticos gubernamentales, tanto a nivel ambiental como de impacto sobre la salud: En 2016, se realiza el Estudio Toxicológico Epidemiológico, donde se recogieron muestras de sangre, orina y alimentos además de muestras ambientales de suelo y agua. Dicho trabajo, desarrollado por especialistas del Ministerio de Salud, contó con la participación de las federaciones de las Cuatro Cuencas en la elaboración de este Estudio desde sus inicios hasta la entrega del informe final. Además, se contó con un intérprete por pueblo (cada uno de ellos fue designado por las federaciones y acompañamiento técnico de estas. Como resultados, se averiguó que la población que se encuentra a menos de 50km de distancia de la actividad petrolera fue la que, en su mayoría, sobrepasó los valores máximos de referencia de los metales pesados permitidos en la normativa nacional e internacional. También se encontró que la población más afectada ha sido los menores de de 12 años, por ejemplo, el 47.8% de esta población presentó niveles de arsénico en orina por encima de los valores de referencia nacionales. En Corrientes, hay un menor de 12 años que presentó seis veces el valor de referencia maximo de arsénico de la normativa nacional. En Pastaza, un menor de 12 años presentó 4 veces el valor de referencia nacional de plomo en sangre en niños menores o de 12 años (10ug Pb/dL en sangre; aunque, internacionalmente, el límite de referencia es 5ug Pb/dL en sangre). De hecho, solo en la región del Lote 192, se derramaron 2.722 barriles de petróleo en el corto período entre 2009 y 2011. Según un informe de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y Oxfam, 1209 sitios han sido impactados por la actividad petrolera en los dos Lotes. Treinta y dos de estas áreas contienen suficiente material contaminado para llenar 231 estadios de fútbol. Entre 2000 y 2009, hubo 189 derrames de petróleo en el Lote 192 y 155 en el Lote 8. También el rubro salud, en diciembre de 2020, por exigencia de las federaciones indígenas, como parte de los compromisos asumidos por el Estado, el Ministerio de Salud publicó el Informe Análisis de la Situación de Salud de las Cuencas del Pastaza, Corrientes, Tigre, Marañón y Chambira, trabajo de investigación realizado en territorios de comunidades que tomó dos años de trabajo. De otro lado, gracias a la lucha y exigencia de las federaciones indígenas, las autoridades ambientales de Perú realizaron los primeros diagnósticos ambientales integrales y con participación indígena, en los Lote 1AB y 8, entre los años 2012 y 2013; esto luego de más de 40 años de actividad petrolera. Estos diagnósticos fueron la base de consecutivas declaraciones de emergencia ambiental y sanitaria en las Cuatro Cuencas.

• Campañas de comunicación: Una de las estrategias implementadas por la plataforma PUINAMUDT para revertir acciones contrarias a sus derechos, ha sido campañas de comunicación con el propósito de difundir sus demandas. En este sentido, la plataforma ha sido eficaz en promover campañas focalizadas con demandas específicas, con la empresa o el Estado peruano como público objetivo, pero también en promover campañas más amplias que tienen como objetivo concientizar a la población en general sobre su causa. Las campañas son planificadas en etapas: informativa; difusión; contenidos e incidencia (con componentes de movilización gráfica, radial y digital); y comunicación de la movilización (acciones territoriales), que se desarrollan de forma integrada en marcos temáticos para estrategias puntuales para el proceso de Consulta Previa, incluyendo movilizaciones pacíficas con fuerte presencia de las comunidades y otras protestas incluso en Lima. Como ejemplo, en 2018, ¡Pluspetrol, limpia YA! tenía como objetivo cobrar por la remediación ambiental de los daños causados ​​por la empresa PlusPetrol como resultado de las actividades de exploración petrolera en el Lote 192. En reacción al fraudulento proceso de Consulta Previa en 2015, para el contrato de concesión a 40 años del Lote 192, las organizaciones que integran PUINAMUDT impulsaron en 2019, la campaña Consulta Previa #SinTrampas dirigida al Estado peruano. La campaña demandó la participación efectiva de las comunidades de las Cuatro Cuencas en el proceso de Consulta Previa a partir del Plan de Consulta elaborado por la plataforma – requiriendo que el proceso de Consulta se realice en el territorio y no en Lima o Iquitos, donde la comunidad no pudo participar -, al tiempo que presenta propuestas para ser incluidas como requisitos para otorgar el Lote a extracción. La campaña contó con programas de radio que se transmitieron en las comunidades, así como folletos informativos sobre sus demandas. Finalmente, PUINAMUDT impulsa la campaña #AmazoníaSana, que busca comunicar sobre los daños que ocasiona la presencia de altas concentraciones de metales pesados ​​en agua, peces y suelo. La campaña cuenta con el apoyo de bandas de metal que, a partir del lema “El Metal no daña; los metales pesados, sí”, ayudan a difundir las violaciones que sufren las comunidades de las Cuatro Cuencas a un público más amplio, ganando la solidaridad de diferentes audiencias.

• Alianzas estratégicas: Durante el proceso de maduración de PUINAMUDT, la plataforma se unió a otras instituciones que, con su apoyo técnico, contribuyen a la lucha, denuncias y negociaciones lideradas por las federaciones. En este sentido, se encuadran en este aspecto alianzas consolidadas como el Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos, Perú Equidad –, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Oxfam Perú, el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), la Universidad Autónoma de Barcelona, el Instituto Internacional de Estudios Sociales (ISS) y E-Tech International que, entre otros aportes, otorgan apoyo técnico para el monitoreo de las violaciones, elaboración de informes y para las denuncias formalizadas por la plataforma. Una alianza con Digital Democracy, en el marco del Programa Todos los Ojos en la Amazonía, logró la promoción de talleres (2019) para los monitores ambientales sobre el uso de la aplicación MAPEO (Desktop y Mobile), para la recopilación de datos sobre las contaminaciones en territorio.

• Además, PUINAMUDT es miembro de la organización nacional indígena amazónica peruana Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP); formando parte sus organizaciones regionales Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO) y Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo (CORPI-SL), en la región de Loreto, en el norte de la amazonía del Perú. A su vez, integra también la Plataforma Nacional de Personas Afectadas por Metales, Metaloides y Otras Sustancias Químicas. Además, como autoridad pública, PUINAMUDT mantiene comunicación, coordinación  y espacios de seguimiento con la Defensoría del Pueblo, en temas relacionados con la toda la agenda de diálogo que se mantiene con el Estado. Otras instituciones relevantes también han formado parte del proceso abierto por PUINAMUDT, las cuales han participado en distintos niveles por su experticia, transparencia y reconocido perfil institucional, tales como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), entre otros.
• Incidencia internacional: La inactividad o la remediación insuficiente a nivel nacional hace que la plataforma busque apoyo internacional, para que los mecanismos internacionales, basados ​​en regulaciones y acuerdos de los que el Perú es parte, puedan presionar a los gobiernos y empresas responsables por los daños socioambientales. En abril de 2017, Puinamudt contó con el apoyo de Perú Equidad para presentar una denuncia enviada al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (CESCR), en ocasión de su 61° sesión. La denuncia buscaba obtener una respuesta de los Países Bajos en relación con las acciones de Pluspetrol Resources, con sede en Ámsterdam, en la región de los Lotes 8 y 192. La denuncia basó su apelación en los Principios de Maastricht (2011) que, entre otras medidas , determinan que los Estados deben tomar las medidas necesarias para asegurar que las empresas con sede en su país no atenten contra los derechos económicos, sociales y culturales en terceros países. En 2019, las Federaciones indígenas de la plataforma PUINAMUDT, con el acompañamiento técnico y legal de la CNDDHH, el CAAAP, Perú Equidad y Oxfam, denunciarán la crisis de salud y ambiente en sus comunidades ante una audiencia pública en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, en marzo de 2020, las federaciones de las Cuatro Cuencas presentaron queja al punto de contacto que posee el gobierno neerlandés para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). La queja sostiene que Pluspetrol ha violado varias de las directrices de la OCDE;  que la compañía no previó ni remedió el daño causado por la contaminación petrolera en el Lote 192, la cual afectó fuentes locales de agua y alimentos, así como la salud y bienestar de alrededor 25,000 personas. Finalmente, de acuerdo con el documento, la compañía ha erigido una estructura corporativa altamente compleja mediante paraísos fiscales que permitirían eludir el control fiscal y ocultan a los entes corporativos y a los propietarios. La denúncia a la OCDE fue firmada por FEDIQUEP, FECONACOR, OPIKAFPE y ACODECOSPAT, además de instituciones de la sociedad civil de Perú y los Países Bajos, como Perú Equidad, el Centro de Investigación sobre Corporaciones Multinacionales (SOMO), Oxfam Novib y Oxfam en Perú, entre otras. En marzo de 2021, la queja fue aceptada formalmente.

3.3. Los Beneficios: Valor agregado e impactos del caso

• Unidad de las federaciones en el tiempo: Uno de los principales resultados obtenidos en estos 10 años de organización, lucha y acciones de demanda y diálogo con el Estado fue la consolidación de la plataforma PUINAMUDT como un espacio de consenso y unificación de las comunidades que representa. Este hito es particularmente importante dada la diversidad de culturas conformadas por casi un centenar de comunidades de distintas nacionalidades en una extensa área territorial, que logra mantenerse unida y fortalecida a favor de la defensa de sus derechos y de la preservación del bosque sano. En esta línea, la plataforma presenta una representación consolidada de la mano con las comunidades, con una relación de confianza ya que la agenda propuesta por PUINAMUDT refleja, de hecho, las demandas de las comunidades de las Cuatro Cuencas.
• Gobernabilidad y participación indígena: Si bien aún persisten muchos desafíos para la plena realización de sus derechos y la debida reparación de las empresas como PlusPetrol, Petroperú, Frontera Energy y otras, por los daños causados, la movilización de las comunidades y los procesos de diálogo con el Estado peruano liderados por PUINAMUDT en la última década garantizaron la presencia y participación de los pueblos indígenas en mecanismos y la agenda estatal, mediante propuestas propias e innovadoras, sobre las medidas que debe tomar el Estado para justicia y reparación en estricto cumplimiento de los derechos indígenas. La participación indígena en este proceso se logró a partir de la movilización territorial, la incidencia puntual, y el diálogo constante de PUINAMUDT, demanda tras demanda contra el Estado, que pese a reconocer la deuda histórica con estos pueblos, e incluso pedir perdón a las comunidades por los daños hechos, no demuestra un cambio real, profundo y sostenido en esa relación histórica en base a la vulneración de derechos y conflictos periódicos. En este sentido, si bien los acuerdos se ven afectados cuando cambian gobiernos y gestores, PUINAMUDT tuvo éxito en proponer y sostener la agenda, mantener la presión y la continuidad de los procesos, con hitos clave como el reconocimiento al derecho a un nuevo proceso de Consulta Previa para la concesión del Lote 192, a pesar de la negativa inicial del Estado para realizarlo. Este beneficio no se limita a PUINAMUDT y se extiende a otras comunidades y organizaciones indígenas, ya que, en cierta medida, representa un precedente para la participación de los representantes indígenas en los procesos políticos que les expresan su derecho, aunque este es un derecho reconocido por tratados como el Convenio 169 de la OIT, del cual Perú es signatario, este derecho no siempre se observa en la práctica. Sobretodo, además de los beneficios para las poblaciones indígenas de Perú, se beneficia el propio Estado, una vez que la incidencia y negociación política impulsada por PUINAMUDT ha enseñado al Estado mecanismos de diseño de políticas públicas que se han traducido en la práctica con logros incluso a la fecha, por ejemplo, nuevos estándares de calidad ambiental (2014), La ley 30321 (2015) o el Modelo de Atención Integral de Salud Intercultural (2017), que elaborado como respuesta a la crítica situación enfrentada por las comunidades por la contaminación petrolera, ha servido como uno de los modelos para el desarrollo del Plan de Covid-19 Indígena formulado por el Estado peruano en 2020.  
• Fortalecimiento del rol de los monitores ambientales: El rol de los monitores ambientales surgió en respuesta a la ausencia de una adecuada fiscalización y evaluación de los daños causados por las contaminaciones de hidrocarburos. A lo largo de los últimos quince años, los equipos de monitores territoriales se han multiplicado por los territorios de las cuencas y logrado reconocimiento incluso por organismos estatales, jugando un rol fundamental en la vigilancia territorial y ambiental. La independencia de su trabajo contribuye para que las comunidades estén siempre informadas sobre lo que pasa en los territorios y, por que los monitores son miembros de las comunidades, ellas tienen confianza sobre los datos recopilados, lo que no se pasa en los casos de datos presentados por la empresas o por el Estado. Todavía, es necesario avanzar en mecanismos de protección integral de la acción de los monitores, además de medidas más amplias de reconocimiento que logren subsidiar su labor.

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