La primera vez que un indígena fue elegido diputado federal en Brasil fue en 1982. Mário Juruna, del pueblo Xavante, llegó a la Cámara de Diputados con unos 30.000 votos. Allí creó la Comisión Permanente del Indio en el Congreso Nacional. Y así, por primera vez, los problemas de los indígenas fueron reconocidos formalmente en el país.
Este reportaje fue financiado por la beca TOA-GK para contar historias a profundidad de la Amazonía.
El cacique Juruna no fue reelegido.
Pasaron 35 años sin que ningún otro indígena obtuviera un escaño en el Congreso. Pero en 2018, la política del “malocão”, el lugar donde los pueblos indígenas del estado de Roraima están acostumbrados a debatir, volvió al Congreso con la primera mujer indígena elegida diputada federal: Joênia Wapichana.
La hazaña comenzó a tomar forma en la 47ª Asamblea General de los Pueblos Indígenas de Roraima. Clovis Ambrosio, líder de la comunidad de Malacacheta, promovió la candidatura de Joênia con un viejo eslogan: “Vai ou racha”. Los indígenas adoptaron estas tres palabras en la lucha por el territorio de la tierra indígena Raposa Serra do Sol, que comenzó a finales de la década de 1970. El territorio solo fue conseguido en 2005. “Vai ou racha” es un “ahora o nunca”, cuando se procede con la esperanza de que algo suceda y, simultáneamente, se asume que todo puede salir mal.
Así, sin partido y sin recursos, comenzó la campaña política de Joênia. Algo podía pasar. Todo podía salir mal.
Algo pasó: Marina Silva, reconocida ecologista y ex ministra de Medio Ambiente, invitó a Joênia a la Rede Sustentabilidade, y así Wapichana consiguió partido.
Roraima tiene el segundo mayor número de asentamientos indígenas de Brasil. Allí viven los macuxi, wapichana, ingarikó, patamona, sapará, taurepang, wai-wai, yanomami, yekuana y pirititi. Hay 587 comunidades. Solo el estado de Amazonas tiene más.
Pero a pesar de tanta población indígena, en Roraima los pueblos originarios no ven el fin de la violencia: la minería ilegal avanza, al igual que el agronegocio y las invasiones de tierras.
La candidata Joênia tenía que conquistar a un estado que se mostraba antiindígena. Un año antes de que comenzara el periodo electoral, cada fin de semana, frente a un plato de damurida (un caldo picante que puede hacerse con pescado o carnes de caza), se reunía un grupo de al menos 10 personas para discutir cómo hacer campaña. Muchos no tenían experiencia, pero eso no fue un obstáculo. Seis meses de preparación y 45 días de campaña después, el 7 de octubre, la noche de la votación, más de 100 personas siguieron el recuento con cánticos y rituales en el comité electoral. Eran más de las 10 de la noche cuando se conoció el resultado: Joênia llegaba al Congreso con 8.491 votos.
Fue un momento histórico para todos los pueblos indígenas del país, pero el contexto político no era el más favorable. “Fui elegida en un escenario muy difícil, porque al mismo tiempo que fui elegida, tuvimos la elección del presidente de la república que es fascista, racista, prejuicioso, negacionista y que todos los días se empeña en atacar a los pueblos indígenas”, dice Joênia. Jair Bolsonaro, aún en campaña, prometió que durante su gobierno no habría “ni un centímetro de tierra para los pueblos indígenas”. Cumplió.
Así, además de ser la primera diputada indígena de Brasil, Joênia Wapichana es también opositora del actual gobierno.
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Era una niña de 8 años cuando salió con su madre de la comunidad indígena Truaru da Cabeceira, en la región de Murupu. Allí había crecido oyendo hablar de la lucha por los derechos de los indígenas. Joênia Batista Carvalho, nombre que figura en su partida de nacimiento, llegó a Boa Vista, la capital del estado, y terminó allí la escuela. Era una buena estudiante y fue a estudiar Derecho en la Universidad Federal de Roraima. Mientras que la mayoría de los estudiantes terminan el curso en cinco años, ella lo hizo en cuatro. Era 1997, tenía 22 años y logró un hecho histórico: fue la primera mujer indígena en graduarse en derecho en Brasil. Años más tarde hizo su maestría en la Universidad de Arizona, en Estados Unidos.
A los 24 años comenzó a trabajar como abogada de las comunidades indígenas en el Consejo Indígena de Roraima. En 2008 volvió a ser pionera: la primera mujer indígena en presentar un alegato oral ante el Supremo Tribunal Federal.
En el Congreso Nacional, la madre de dos hijos y abuela de un nieto se enfrenta directamente a los parlamentarios antiindígenas y al Presidente de la República. En los comentarios de su Instagram aparecen amenazas con insultos racistas. Los denuncia y no tiene miedo. Formó un frente parlamentario con otros colegas que apoyan las causas indígenas. Joênia es la piedra en el zapato de los diputados ruralistas, y utiliza su espacio e influencia para paralizar los proyectos antiindígenas.
El 19 de abril en Brasil se conoce como el Día del Indio. En las escuelas es habitual que los niños lleven plumas en la cabeza, se pinten la cara y escuchen canciones como “Brincar de índio” de Xuxa. Para los indígenas, el término “indio” es peyorativo y reafirma un prejuicio nacido de la colonización. Por ello, Joênia propuso en un proyecto de ley que el Día del Indio se llamara Día de los Pueblos Indígenas. El proyecto fue vetado por el presidente Bolsonaro el 2 de junio, pero menos de un mes después, el 5 de julio, el veto fue anulado con 69 votos en el Senado y 414 en la cámara. El cambio de nomenclatura fue celebrado por los líderes indígenas.
Los pueblos indígenas enfrentan la colonización hace 522 años, pero desde hace algunos años sienten que la violencia se ha intensificado. Y, en la pandemia, todo empeoró. El gobierno federal no tenía ningún plan para los pueblos indígenas y ellos tuvieron que construir sus propios mecanismos de defensa para contener al virus. El covid-19 acabó con la vida de 1.312 indígenas y se registraron más de 72.064 casos. Mientras luchaban contra el covid, los nativos continuaban en batalla con mineros, invasores de tierras, madereros, contratistas, empresarios y el Congreso Nacional.
Entre 2021 y 2022 se pusieron en la agenda del Congreso una serie de proyectos de ley con consecuencias catastróficas: uno abre los territorios indígenas a empresas y actividades depredadoras, otro defiende el acaparamiento de tierras y se suma uno que apoya el uso de químicos venenosos. Hay otro que autoriza la exploración de minerales sin la consulta libre, previa e informada de los pueblos indígenas, tal y como establece el Convenio 169 de la Organización Mundial del Trabajo y sin la supervisión de organismos medioambientales como el IBAMA y el ICMBio. Además de que quieren cambiar los límites de tierras indígenas ya demarcadas.
El desmantelamiento de las políticas indígenas fue claro en el gobierno de Bolsonaro: la Fundación Nacional del Indio (Funai), responsable de la inspección, demarcación y protección de los territorios indígenas, vio reducido su presupuesto. El presidente vetó parte de los recursos, especialmente los relacionados con la regularización, demarcación e inspección de las tierras indígenas y la protección de los pueblos indígenas aislados.
Debilitados, cientos de indígenas e indigenistas sufren ataques que se han intensificado en los últimos años. Pero no es solo ahora cuando los activistas en favor de la Amazonia sienten la violencia. Ocurrió con Chico Mendes, cauchero defensor de los derechos humanos, asesinado en 1988 en una emboscada en Xapuri, Acre. Ocurrió con el líder indígena Ari Uru-Eu-Wau-Wau, quien era parte de un grupo de vigilancia que registraba las extracciones ilegales de madera en su aldea en Rondônia: fue encontrado muerto en la noche del 17 de abril de 2020.
El caso más reciente es el asesinato del indigenista Bruno Pereira, despedido de Funai en octubre de 2019 tras coordinar una operación que expulsó a los mineros de las tierras de los indígenas yanomami en Roraima. Con él también fue asesinado el periodista Dom Phillips, que había estado informando sobre las invasiones en territorios indígenas durante la pandemia. Bruno y Dom estuvieron desaparecidos durante 11 días. Sus cuerpos solo fueron encontrados por la incansable búsqueda de la gente de la región, la tierra indígena de Vale do Javari. Pero el discurso oficial los silenció y los hizo invisibles: en la conferencia de prensa de las autoridades sobre el proceso de búsqueda de los cuerpos, en ningún momento se mencionó la actuación de los indígenas que estuvieron en primera línea.
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Según los cálculos del IBGE, Brasil tiene 213.317.639 habitantes. Sólo el 0,49% son indígenas: un millón de personas. Si la representación política fuera proporcional a la composición poblacional, entre los 513 diputados de la Cámara tendría que haber 2 o 3 parlamentarios indígenas. Solo está Joênia.
En 2014 se registraron 21,787 candidatos a cargos públicos, de estos solamente 85 eran indígenas y solo uno fue elegido diputado estatal. En 2018, año en que Joênia llegó a la Cámara, se presentaron 26.062 candidatos, entre ellos 133 indígenas. Ese mismo año hubo, también por primera vez, una candidata a vicepresidenta de la República: Sônia Guajajara.
¿Qué llevó al movimiento indígena a ampliar el debate sobre su falta de representación en los espacios políticos? Para Joênia fue la situación de los derechos, que en las últimas décadas se han visto cada vez más amenazados.
“Los derechos de los pueblos indígenas están consolidados en nuestra constitución, el derecho a tener sus propias formas de organización social ya está garantizado por la ley, ¿y por qué las tierras de los pueblos indígenas no tienen políticas públicas de calidad y no hay discusión con ellos?”, se pregunta. Los indígenas deben ser incluidos en las actividades del Poder Legislativo, en la planificación de la gestión del gobierno federal y en otros espacios, para proponer tanto acciones afirmativas como políticas estructurales específicas, dice.
Joênia volverá a ser candidata a diputada federal por Roraima. Cree que lo que está en juego no es su reelección, sino la continuidad de un proyecto político. Espera que el próximo año el Congreso tenga más indígenas elegidos, más diputados con pensamientos y propuestas progresistas.
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La historia de Vanda Witoto es la de muchas niñas indígenas de Brasil. Llegó desde su pueblo, Colônia, en el Alto Rio Solimões, a Manaos, la capital del estado de Amazonas, con la promesa de un trabajo como empleada en la casa de una familia que la dejaría estudiar. Se levantaba a las tres de la mañana, antes de que saliera el sol, a lavar la ropa a mano y hacer las tareas domésticas, para luego ir a la escuela. Vanda dice que sufrió explotación laboral, ya que nunca la afiliaron a la seguridad pública y la cantidad que le pagaban estaba muy por debajo de lo debido.
En las casas en las que trabajó, le daban un lugar para dormir y 100 reales (unos 20 dólares) que enviaba al interior para ayudar a su familia. Fue en una de aquellas casas donde Vanda conoció los prejuicios. Oyó a una de sus jefas hablar de su aspecto con otra amiga, mientras creían que Vanda dormía: “Hablaron de mi cara, de mis ojos y empezaron reírse, y eso me afectó mucho”. También experimentó violencia: en una de estas casas sufrió el acoso del marido y los hijos de su jefa.
Pasó de 2002 a 2009, ocho años, de una casa a otra, hasta que en 2010 conoció a una profesora que la ayudó a conseguir trabajo en una pastelería. En 2016 entró en la universidad.
Hoy, con 35 años, es técnica en enfermería y trabaja en la Fundación Alfredo da Matta de Dermatología Tropical y Venereología, vinculada a la actual Secretaría de Salud del Estado de Amazonas. También está terminando un curso de pedagogía en la Universidad Estatal de Amazonas, y es profesora voluntaria de 30 niños en el Parque das Tribos, el primer barrio indígena de Manaos, donde viven más de 35 indígenas. Y ella también.
Vanda tiene un nombre indígena: Derequine, que significa “hormiga salvaje”. Hoy, convencida de que es necesario “llevar la aldea a la política”, se presenta como candidata a diputada federal en el estado con mayor población indígena de Brasil, Amazonas. No es la primera vez. En 2017 ayudó a revitalizar el Movimiento de Estudiantes Indígenas de su estado, del que ahora es coordinadora. Es líder en la lucha por la demarcación del Parque das Tribos.
Vanda es uno de los varios rostros que, tras la elección de Joênia Wapichana, representa este nuevo movimiento de mujeres indígenas en la política. En Brasilia, en abril de 2022, en el Acampamento Terra Livre, se presentó el “bloque del tocado”, como un arco con varias flechas que se disparan: Sônia Guajajara, Célia Xakriabá, Vanda Witoto, Simone Karipuna, Maial Kaiapó, Kretã Kaingang, entre otros. Rostros, pinturas, cuerpos y pueblos diversos que quieren llegar al Congreso para oponerse a los bloques que avanzan sobre sus territorios. A pesar de vivir en estados diferentes, sus luchas son similares.
La labor de Vanda como activista se intensificó más en la pandemia del covid-19. Mientras el gobierno federal no hacía nada, Vanda y otros líderes crearon una unidad de apoyo a la salud para luchar contra la covid y ayudaron a varias personas, principalmente indígenas.
Su trabajo ayudó a salvar vidas. En reconocimiento, fue la primera persona que fue vacunada en Amazonas, como profesional de la salud. Considera que ese fue un momento histórico, ya que puso de manifiesto la importancia de tener cada vez más indígenas en diversos espacios y sectores de la sociedad.
“Es necesario que tengamos representantes indígenas elegidos. Queremos que se respete nuestra voz, que se nos escuche, pero también queremos proponer y formar parte de las decisiones políticas que nos afectan directamente”, dice Vanda sobre su motivación para participar en la política.
El estado de Amazonas, a pesar de tener la mayor cantidad de población indígena del país, nunca ha elegido a un representante indígena para el Congreso o la Legislatura estatal. “Tendremos que lidiar con el tema geográfico, en la propia Amazonía, la distancia de los territorios es extrema, y no tenemos recursos como otros candidatos que llevan años en el poder, tenemos finanzas limitadas y este es uno de los mayores retos en este momento para nuestra gente de precampaña”, destacó.
Amazonas es el estado brasileño de mayor extensión. Su territorio tiene más kilómetros cuadrados que Colombia, Uruguay y Ecuador juntos, más de 80 pueblos indígenas, extensas zonas fluviales y sufre varias invasiones en plena selva amazónica. Vanda se prepara para presentarse a las elecciones.
En enero de este año comenzó su jornada. En la maloca de su comunidad, Parque das Tribos, Vanda se unió a la Rede Sustentabilidade y lanzó su precandidatura. Allí estaba, entre muchos líderes indígenas, la diputada Joênia Wapichana.